SAN DIEGO — Por primera vez en una década, cada vez menos

personas solicitan una visa diseñada para proteger a víctimas inmigrantes de

delitos, una tendencia que los activistas y los abogados de inmigración dicen

que se ve alimentada por las políticas que la administración de Trump estableció

para reprimir la inmigración ilegal.

La visa, oficialmente conocida como la visa U, fue creada

por el Congreso en el año 2000 para alentar a las personas a cooperar con las

fuerzas del orden locales y, al mismo tiempo, ofrecerles algún tipo de alivio

en forma de estatus de inmigración legal. La visa estaba destinada a evitar que

los abusadores usaran el estado de inmigración de una víctima como una forma de

evitar que denunciara delitos.

Para obtener una visa U, las víctimas de delitos deben

demostrar que cooperaron con una agencia local de aplicación de la ley al

solicitar la visa.

Los datos muestran que después de años de gran popularidad

(las solicitudes de visa U aumentaron un 137 por ciento entre los años fiscales

2009 y 2017), el número de solicitudes de visa U disminuyó por primera vez en

el año fiscal 2018; una tendencia que está en camino de continuar este año.

En el año fiscal 2017, el USCIS (U.S. Citizenship and

Immigration Services) recibió un récord de 62 mil 990 solicitudes de visa U. El

año pasado, la agencia recibió solo 58 mil 991 solicitudes. Este año, está en

camino de recibir 49 mil 508 solicitudes, según datos del USCIS.

"Creo que la visa U es una forma crítica de alivio

tanto para ayudar a la policía como para proporcionar protección humanitaria a

los sobrevivientes de delitos graves en nuestro país y esta administración está

creando barreras para eso", sugirió Alison Kamhi, abogada supervisora

??del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

A través de una serie de memorandos de políticas y

decisiones del fiscal general, la administración de Trump ha hecho que la

solicitud de una visa U sea más costosa y que los solicitantes tengan más

probabilidad de ser deportados si se les niega. También han limitado la

capacidad de los jueces de inmigración para retrasar los procedimientos de

deportación mientras se procesan las visas U, según los registros.

El objetivo de esos memorandos y decisiones ha sido cumplir

con el objetivo del presidente de disminuir la inmigración ilegal.

Por ejemplo, un memorando de junio de 2018 ordena a los

funcionarios que coloquen a los inmigrantes a quienes se les niega la visa U en

los procedimientos de deportación. Ese memorando es un resultado directo de la

Orden Ejecutiva 13768 del presidente, la cual "enfatiza que la aplicación

de nuestras leyes de inmigración es de importancia crítica para la seguridad

nacional y pública de los Estados Unidos. La Orden Ejecutiva también establece

que el Gobierno Federal ya no eximirá a las clases o categorías de extranjeros

removibles de la aplicación potencial", según el memorando.

Los críticos del memorando dicen que las víctimas de delitos

lo pensarán dos veces antes de solicitar la visa U porque recibir un aviso de

deportación si la visa es denegada es muy arriesgado.

En agosto de 2018, la Oficina del Fiscal General escribió

una orden que limitaba la autoridad de los jueces para retrasar los casos de

deportación para esperar a que se procesara la solicitud de visa U de un

individuo.

Antes de esa orden, los jueces de inmigración ponían las

deportaciones en espera para ver si un solicitante recibía una visa U. La idea

era que no tenía sentido deportar a alguien si se les iba a permitir regresar

al país después de recibir la visa.

Los abogados de inmigración dijeron que algunas personas ya

han sido deportadas mientras su visa U está pendiente. Eso viola el espíritu de

lo que representa la visa, que es proteger a las víctimas de delitos.

Sin embargo, el memorándum del fiscal general dicta que

muchos casos fueron puestos en espera y eso contribuyó al creciente retraso de

casos en los tribunales de inmigración.

"En 2012, la Oficina del Inspector General del Departamento

de Justicia concluyó que las ‘prolongaciones largas y frecuentes’ eran un

‘factor principal’ que contribuía a los retrasos en los tribunales de

inmigración", indica la orden.

Estos memorandos llegan en un momento en que existe una

creciente acumulación de solicitudes de visa U. Debido a que el número de visas

otorgadas cada año tiene un límite de 10 mil, el número de solicitudes crece

cada año. Actualmente, hay 239 mil visas U pendientes que ya han sido

aprobadas.

El retraso es tan grande que el USCIS tarda más de cuatro

años en procesar nuevas solicitudes.

Durante ese periodo de espera, los solicitantes que son indocumentados

no tienen protección contra las deportaciones y no pueden obtener un permiso de

trabajo.

"El hecho de que una solicitud esté pendiente por

cuatro años y no brinde protección formal contra la remoción, ni acceso a

autorización de trabajo, perjudica a las víctimas", determinó Cecelia

Friedman Levin, asesora principal de políticas de la Asistencia de Inmigración

ASISTA, un grupo sin fines de lucro.

Varios solicitantes de visa U han sido deportados mientras

sus solicitudes estaban pendientes, y a Friedman Levin le preocupa que aumente

el número de deportados.

Los cambios en las políticas de la administración de Trump,

junto con el creciente retraso, están desanimando a las víctimas de delitos inmigrantes

de solicitar esta forma de protección, según abogados y activistas.

"Es muy triste porque eso es contrario al propósito de

esta visa", concluyó la abogada de inmigración Ashley Arcidiacono, con

sede en San Diego.

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